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30.000

Fotografías de Atilio Orellana

“Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada.” A las una de la madrugada de 1976, momento en que José Rogelio Villarreal pronunciaba esas palabras a la entonces presidenta de la Nación, Isabel Martínez de Perón, se iniciaba la dictadura militar más cruenta en la historia argentina. Al cabo de la misma, se descubrirían las atrocidades del “Proceso”, pero pasarían varios años hasta que la Justicia pudiera reivindicar su nombre.

La década del 60 significó un vaivén en cuestiones económicas, sociales y políticas signadas, a grandes rasgos, por el aumento del desempleo, los créditos adquiridos con los organismos internacionales y las tensiones políticas gracias a los efervescentes grupos militantes, muchas veces de izquierda, que actuaban cada vez más durante los gobiernos militares. En el plano internacional la Guerra Fría dividía al mundo en dos y EEUU comenzaba a encarar la doctrina de Seguridad Nacional para asegurar su hegemonía en Latinoamérica y eliminar cualquier punto de insurgencia comunista, tras la exitosa revolución castrista y el fracaso que había resultado la Crisis de los Misiles en Cuba.

Así, los golpistas utilizaron como principal justificación para derrocar al gobierno constitucional, el aumento de la violencia política y la intención de instaurar un régimen económico neoliberal, a la altura de las exigencias del FMI y los EEUU. Para ese entonces, Argentina era el único país en el Cono Sur que mantenía el régimen democrático. Gran parte de la sociedad vio al golpe del 76 como una promesa de progreso y estabilización de la situación social. Jamás imaginaron que se convertiría en el capítulo oscuro de la historia del país.

El primer día la Junta Militar, integrada por representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dictó 31 comunicados, entre ellos ya estaba contemplado la pena de muerte para aquellos que cometieran alguno de los delitos enumerados en los avisos realizados con anterioridad. Quedaba claro que el principal objetivo del nuevo gobierno sería destruir por completo a los grupos subversivos, a quienes catalogaron de terroristas, y a todos aquellos que consideraran pudieran estar relacionados o incluso influenciados por su doctrina. En fin, todos aquellos que no estuvieran alineados con los criterios y objetivos de la dictadura.

Para cumplir con estos fines los militares intervinieron todos los gobiernos provinciales y las universidades, prohibieron los grupos de reunión, la actividad científica, quemaron miles de libros y modificaron los planes de estudios. Incluso infiltraron espías en cada rincón del país.

Como resultado, se estima que 30.000 personas fueron detenidas de forma clandestina para ser torturados y ejecutadas. Guerrilleros, activistas civiles sin ninguna relación con los grupos subversivos, judíos, homosexuales, científicos, escritores, actores, o simples propietarios de libros considerados sospechosos. 30.000 personas fueron desaparecidas.

Tras la derrota de la Guerra de Malvinas y en conjunto con la presión internacional por los Derechos Humanos, la Junta Militar llamó a elecciones en 1983. Raúl Alfonsín se convirtió en el nuevo presidente de una nación en llamas y cubierta de sangre pero decidido a sentenciar a los represores. A cinco días de su asunción decretó el juzgamiento de las juntas. Además, le apremiaba la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la cual arrojó los primeros números oficiales sobre las víctimas del proceso. Sumaron más de 15.000. Años más tarde los organismos de Derechos Humanos rebatirían el número, duplicándolo.

La CONADEP fue un actor fundamental cuando se dieron inicio a los juicios por Delitos de Lesa Humanidad (hecho sin precedente que logró que Naciones Unidas incluya la desaparición forzada de personas dentro de esta nominación) ya que se encargó de la recaudación e investigación de las pruebas sobre los delitos y centros clandestinos. Sin embargo, la situación política seguía siendo tambaleante y delicada. Los sectores militares aún significaban puntos de ebullición y rebeliones. En 1987 hubo un levantamiento en los cuarteles en contra de los procesos judiciales. En un intento de apaciguar la situación, estos fueron cancelados y Alfonsín promulgó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, reforzadas en la década del 90 con los indultos decretados por el presidente sucesor, Carlos Menem.

Las denominadas Leyes del Perdón, respectivamente, suspendían los juicios y concebían como no punibles aquellos actos cometidos bajo obediencia debida, es decir, por acatar órdenes de un superior. En 2005, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las leyes del 87 y en 2007 se anularon los indultos. De la mano de los organismos de Derechos Humanos, las causas se reabrieron y tomaron impulso. Abuelas y Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S, por nombrar unos pocos, se sumaron en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. Desde entonces, se han finalizado 134 juicios en todo el país.

En Tucumán, una de las provincias más pequeñas ubicada en el noroeste argentino, los procesos judiciales iniciaron en 2008 con la causa caratulada “Vargas Aignasse”. Era la primera en llegar a juicio oral que tenía por imputados a Ricardo Bussi, Benjamín Menéndez y otros represores por Violación a los Derechos Humanos en la provincia. La sentencia declaró culpables a los militares, quienes nunca admitieron su participación y alegaban haber dejado en libertad a Guillermo Vargas Aignasse, senador provincial representante del peronismo en el año 1976 cuando fue secuestrado de su finca. Sin embargo, en 2011 se pudo constatar que Vargas Aignasse fue torturado y desaparecido tras ser identificado sus restos en el denominado Pozo de Vargas, ubicado a la vera de las vías del ferrocarril donde presuntamente se habían arrojado cuerpos durante la década del 70. Equipos antropológicos y forenses llevaban más de ocho años excavando en esta fosa común hasta que se logró dar nombre al primer cadáver.

A la fecha, los juicios en Tucumán intentan hacer justicia por 961 víctimas del proceso. Mientras tanto, las pruebas encontradas no dejan de complicar a las fuerzas armadas y policiales en la provincia. Una de las más significativas es una lista de desaparecidos, confeccionada por los propios represores durante sesiones de tortura en un centro clandestino ubicado en la jefatura policial de la capital provincial. La misma incluía los nombres de 293 cautivos, de los cuales 195 figuran con la observación “DF”, abreviatura de “Disposición Final”; eufemismo para indicar que fueron asesinados.

En Sudamérica, la impunidad de los procesos militares continúa bajo las leyes de amnistía en varios países: Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Mientras tanto, la justicia Chilena aún da tímidos pasos hacia los procesamientos de los genocidas de la dictadura de Pinochet. Hasta el momento, Argentina ha sido el único país en la región que ha juzgado a los represores de los 70.

Por María Laura Brito

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