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30.000

Los juicios a militares de la dictadura del 76 en Argentina
Fotografías de Atilio Orellana
Texto de Maria Laura Brito

“Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada.”

A la una de la madrugada de 1976, momento en que José Rogelio Villarreal pronunciaba esas palabras a la entonces presidenta de la Nación, Isabel Martínez de Perón, se iniciaba la dictadura militar más cruenta en la historia argentina. Al cabo de la misma se descubrirían las atrocidades del “Proceso de reorganización”, pero pasarían varios años hasta que la Justicia pudiera reivindicar su nombre.

Carteles con los rostros de personas desaparecidas, esperan la sentencia a los genocidas que son juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán, durante la última dictadura militar en Argentina.

La década del 60 significó un vaivén en cuestiones económicas, sociales y políticas signadas, a grandes rasgos, por el aumento del desempleo, los créditos adquiridos con los organismos internacionales y las tensiones políticas gracias a los efervescentes grupos militantes, muchas veces de izquierda, que actuaban cada vez más durante los gobiernos militares. En el plano internacional la Guerra Fría dividía al mundo en dos y EEUU comenzaba a encarar la doctrina de Seguridad Nacional para asegurar su hegemonía en Latinoamérica y eliminar cualquier punto de insurgencia comunista, tras la exitosa revolución castrista y el fracaso que había resultado la Crisis de los Misiles en Cuba.

Una mujer observa las fotografías de personas desaparecidas, fuera del Tribunal Federal de Tucumán, el 12 de febrero de 2015.

Así, los golpistas utilizaron como principal justificación para derrocar al gobierno constitucional el aumento de la violencia política y la intención de instaurar un régimen económico neoliberal a la altura de las exigencias del FMI y los EEUU. Para ese entonces, Argentina era el único país en el Cono Sur que mantenía el régimen democrático. Gran parte de la sociedad vio al golpe del 76 como una promesa de progreso y estabilización de la situación social. Jamás imaginaron que se convertiría en el capítulo oscuro de la historia del país.

Antonio Domingo Bussi hace uso de la palabra, durante el juicio por violaciones a los derechos humanos en el cual es juzgado junto a otros seís imputados.
La sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia, donde se llevan a cabo los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.
Familiares de desaparecidos momentos previos a la marcha 39º aniversario del golpe de estado del 76 en Argentina, el 24 de marzo de 2015.
Familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos, colocaron carteles en la sala del Tribunoal Oral Federal, en repudio a la suspensión por diez días el juicio contra Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis y Carlos De Cándido.

El primer día la Junta Militar, integrada por representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dictó 31 comunicados, entre ellos ya estaba contemplado la pena de muerte para aquellos que cometieran alguno de los delitos enumerados en los avisos realizados con anterioridad. Quedaba claro que el principal objetivo del nuevo gobierno sería destruir por completo a los grupos subversivos, a quienes catalogaron de terroristas, y a todos aquellos que consideraran pudieran estar relacionados o incluso influenciados por su doctrina. En fin, todos aquellos que no estuvieran alineados con los criterios y objetivos de la dictadura.

Una abuela de Plaza de Mayo durante la marcha por el día de la Memoria conmemorando el 41 aniversario del golpe de estado del 76', en San Miguel de Tucumán, el 24 de Marzo de 2017. Se estima que más de treinta mil personas fueron ilegalmente detenidas, torturadas y desaparecidas.

Para cumplir con estos fines los militares intervinieron todos los gobiernos provinciales y las universidades, prohibieron los grupos de reunión, la actividad científica, quemaron miles de libros y modificaron los planes de estudios. Incluso infiltraron espías en cada rincón del país.

Como resultado, se estima que 30.000 personas fueron detenidas de forma clandestina para ser torturados y ejecutadas. Guerrilleros, activistas civiles sin ninguna relación con los grupos subversivos, judíos, homosexuales, científicos, escritores, actores, o simples propietarios de libros considerados sospechosos. 30.000 personas fueron desaparecidas.

El ex militar Luciano Benjamín Menéndez, se retira del Tribunal Federal tras finalizar la primera audiencia del por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar. En la causa "Romero Niklison", Menéndez es juzgado junto al ex comisario Roberto "El Tuerto" Albornoz, el 22 de Febrero de 2011.
El ex militar Antonio Domingo Bussi, es retirado del Tribunal Oral Federal de Tucumán, al finalizar la jornada del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía, el 18 de febrero de 2010. Un mes después, Bussi sería apartado del juicio por problemas de salud.
Roberto "Tuerto" Albornoz, es juzgado por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar. En la causa "Romero Niklison", Albornoz es juzgado junto a Luciano Benjamín Menéndez. El 22 de febrero de 2011.
Juan Carlos Benedicto (centro), aguarda el inicio del juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura militar "Jefatura II - Arsenales". En el juicio también es juzgado el cura José Eloy Mijalchyk, junto a otros 40 ex policías y militares, el 14 de noviembre de 2012.

Tras la derrota de la Guerra de Malvinas y en conjunto con la presión internacional por los Derechos Humanos, la Junta Militar llamó a elecciones en 1983. Raúl Alfonsín se convirtió en el nuevo presidente de una nación en llamas y cubierta de sangre pero decidido a sentenciar a los represores. A cinco días de su asunción decretó el juzgamiento de las juntas. Además, le apremiaba la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la cual arrojó los primeros números oficiales sobre las víctimas del proceso. Sumaron más de 15.000. Años más tarde los organismos de Derechos Humanos rebatirían el número, duplicándolo.

Segunda jornada del juicio por violaciones a los derechos humanos, cometidos en la ex Jefatura de Policía de la provincia. El 17 de febrero de 2010.
Vallas tiradas en la calle luego que se dictara sentencia a 41 imputados en el juicio Jefatura II - Arsenales II, el cual tuvo 13 meses de audiencias, en las que declararon más de 400 testigos. El 13 de diciembre de 2013.

La CONADEP fue un actor fundamental cuando se dieron inicio a los juicios por Delitos de Lesa Humanidad (hecho sin precedente que logró que Naciones Unidas incluya la desaparición forzada de personas dentro de esta nominación) ya que se encargó de la recaudación e investigación de las pruebas sobre los delitos y centros clandestinos. Sin embargo, la situación política seguía siendo tambaleante y delicada. Los sectores militares aún significaban puntos de ebullición y rebeliones. En 1987 hubo un levantamiento en los cuarteles en contra de los procesos judiciales. En un intento de apaciguar la situación, estos fueron cancelados y Alfonsín promulgó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, reforzadas en la década del 90 con los indultos decretados por el presidente sucesor, Carlos Menem.

Un joven se enfrenta a efectivos de gendarmería luego de los incidentes durante la sentencia a los 41 acusados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar. Los jueces del Tribunal Oral Federal condenaron a 37 imputados por estos delitos y absolvieron a 4 de ellos.
Un stencil del pañuelo blanco, símbolo de las madres de plaza de mayo, momentos previos a la marcha del 42º aniversario del golpe de estado del 76 en Argentina.
Una bandera Argentina, en las afueras del Tribunal Federal contiene los nombres de personas desaparecidas en Tucumán durante la dictadura militar.

Las denominadas Leyes del Perdón, respectivamente, suspendían los juicios y concebían como no punibles aquellos actos cometidos bajo obediencia debida, es decir, por acatar órdenes de un superior. En 2005, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las leyes del 87 y en 2007 se anularon los indultos. De la mano de los organismos de Derechos Humanos, las causas se reabrieron y tomaron impulso. Abuelas y Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S, por nombrar unos pocos, se sumaron en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. Desde entonces, se han finalizado 134 juicios en todo el país.

Luciano Benjamín Menéndez, el ex militar con más condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar en Argentina.

En Tucumán, una de las provincias más pequeñas ubicada en el noroeste argentino, los procesos judiciales iniciaron en 2008 con la causa caratulada “Vargas Aignasse”. Era la primera en llegar a juicio oral que tenía por imputados a Ricardo Bussi, Benjamín Menéndez y otros represores por Violación a los Derechos Humanos en la provincia. La sentencia declaró culpables a los militares, quienes nunca admitieron su participación y alegaban haber dejado en libertad a Guillermo Vargas Aignasse, senador provincial representante del peronismo en el año 1976 cuando fue secuestrado de su finca. Sin embargo, en 2011 se pudo constatar que Vargas Aignasse fue torturado y desaparecido tras ser identificado sus restos en el denominado Pozo de Vargas, ubicado a la vera de las vías del ferrocarril donde presuntamente se habían arrojado cuerpos durante la década del 70. Equipos antropológicos y forenses llevaban más de ocho años excavando en esta fosa común hasta que se logró dar nombre al primer cadáver.

Familiares de desaparecidos se retiran del Tribunal Oral Federal tras la condena a prisión perpetua domiciliaria a los ex militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, ambos juzgados por la desaparición del ex Senador provincial Guillermo Vargas Aignasse (35) en Marzo de 1976.
María Rosa Hourbeigt de Archetti, llora tras ingresar por primera vez al Pozo de Vargas, el 25 de octubre de 2012. El mismo es un pozo de agua que se utilizó como un sitio de inhumación clandestina durante la dictadura militar, y donde se presume se encuentran los restos de su marido, Armando Archetti, secuestrado el 24 de enero de 1977 en la provincia de Santiago del Estero y luego trasladado a Tucumán. En junio de 2017, se identificaron los restos de 19 personas desaparecidas en el Pozo de Vargas, entre ellos estaba Armando Archetti.
Familiares de desaparecidos, se abrazan tras oir la sentencia de condena a Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “Tuerto” Albornoz, a prisión perpetua e inabilitación perpetua domiciliaria, por el asesinato de cinco personas en el barrio Echeverría, en 1976.
Familiares de desaparecidos reaccionan al escuchar la sentencia a Luciano Benjamían Menéndez, Roberto "tuerto" Albornoz, y los hermanos Luis y Carlos De Candido, por violaciones a los derechos humanos cometidos en la ex jefatura de policía. El 8 de Julio de 2010.

A la fecha, los juicios en Tucumán intentan hacer justicia por 961 víctimas del proceso. Mientras tanto, las pruebas encontradas no dejan de complicar a las fuerzas armadas y policiales en la provincia. Una de las más significativas es una lista de desaparecidos, confeccionada por los propios represores durante sesiones de tortura en un centro clandestino ubicado en la jefatura policial de la capital provincial. La misma incluía los nombres de 293 cautivos, de los cuales 195 figuran con la observación “DF”, abreviatura de “Disposición Final”; eufemismo para indicar que fueron asesinados.

Luciano Benjamín Menéndez es retirado del Tribunal Oral Federal, tras ser condenado a prisión perpetua domiciliaria, por la desaparición del ex Senador provincial Guillermo Vargas Aignasse (35), el 28 de agosto de 2008, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad de Tucumán.

En Sudamérica, la impunidad de los procesos militares continúa bajo las leyes de amnistía en varios países: Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Mientras tanto, la justicia chilena aún da tímidos pasos hacia los procesamientos de los genocidas de la dictadura de Pinochet. Hasta el momento, Argentina ha sido el único país en la región que ha juzgado a los represores de los 70.